Uno. Frente a la costa de Vinaròs, en el mar, se aprobó la creación de un depósito de gas, el llamado Proyecto Castor. Dicho proyecto se inició con gobierno del PP, se aprobó y firmó con gobierno del PSOE, y ha tenido su patético final con gobierno otra vez del PP. Su construcción y explotación se adjudicó a una empresa denominada Escal UGS. Desde el primer momento esta infraestructura fue polémica ya que algunos cuestionaban su necesidad en el entorno industrial y otros su influencia en el ecosistema. Sin embargo, siguió adelante, y al parecer, como luego se ha publicado, sin los preceptivos estudios de riesgo sísmico o impacto medioambiental. Además se construyó junto a una falla. Con la infraestructura construida se pasó a inyectar el gas y en ese momento los habitantes de las localidades cercanas empezaron anotar seísmos continuados. Seísmos que desde la empresa fueron minimizados causando la lógica indignación entre los afectados, pero que estudios técnicos confirmaron que se debían a la actividad de inyección de gas subterráneo. Se paralizó el proyecto ante la alarma social creada y el evidente riesgo, se rescindió el contrato y se acordó indemnizar a la empresa explotadora por ello por más de 1300 millones de euros, el total de la inversión realizada, según el contrato firmado con el Gobierno. Sí, lo han leído bien. Si un proyecto tiene beneficios son para la empresa concesionaria; si tiene pérdidas las asumimos el conjunto de contribuyentes (iba a escribir "españoles", pero no todos los españoles son contribuyentes, como se está demostrando últimamente). Y esa indemnización fue rápidamente abonada, pidiendo urgentemente un préstamo a varios bancos. Para otros temas no hay dinero; para pagar a las empresas amigas se abona ipso facto. Se han interpuesto demandas contra miembros del gobierno y de la empresa que han sido admitidas a trámite por delitos de prevaricación medioambiental, contra el medio ambiente y los recursos naturales. También recursos contra la indemnización ya satisfecha. Entre los demandados está todo el consejo directivo de Escal-UGS. Pero esta empresa es una filial de ACS (su participación es del 66,67%). Y ACS está presidida por Florentino Pérez Rodríguez, quien no está imputado pero es evidentemente el responsable último -además de los incapaces técnicos y políticos de turno- de esta tropelía.
Dos. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, tras una investigación de dos años, ha demostrado que existía un cártel de 39 empresas que se han repartido los contratos de gestión de residuos de muchos ayuntamientos españoles durante catorce años, y ha establecido ya las sanciones que ha estimado pertinentes, por un global de más de 98 millones de euros. Lo más llamativo del caso es que están involucradas las principales empresas de la construcción, empresas de esas que cotizan en bolsa, forman parte del IBEX 35, tienen dinero en paraísos fiscales y no pagan prácticamente nada en el impuesto de sociedades. Entre ellas están FCC, Sacyr o Ferrovial, pero la que se lleva la sanción más elevada es una empresa llamada Urbaser. Esto indica que esta sociedad ha sido la más beneficiada, pero probablemente también haya sido la principal instigadora, gestora y protagonista principal de este cártel. Y resulta que Urbaser es una filial de un grupo empresarial. ¿Adivinan cuál es? Exacto. ACS, de Florentino Pérez Rodríguez, quien es por tanto el responsable último de este escándalo.
Tres. Del cuidado del Palacio de Marivent, residencia veraniega de la familia real española, se encarga el Govern balear, facilitando así que la casa real se apunte tantos cuando publica que se reduce su presupuesto o que cobran menos que otras casas europeas. El Govern contrató a una empresa a la que abonaba mensualmente una cantidad estipulada por el trabajo de siete empleados que se encargarían de la limpieza y el mantenimiento de la mansión. La ama de llaves se percató del incumplimiento que estaba realizando esta empresa, ya que sólo trabajaban tres operarios y facturaban por los siete previstos. Se rescindió el contrato y se demandó a la empresa, resultando que la razón es del Govern y que debe recibir una indemnización. La empresa concesionaria se llama Lireba Serveis. Lireba Serveis, como los perspicaces lectores habrán deducido, es filial de ACS. ACS pertenece a Florentino Pérez Rodríguez, responsable último de esta desfachatez.
Lo peor de todo esto no es que este personaje sin vergüenza ni escrúpulos, defraudador, timador, estafador, ladrón de guante blanco y manos sucias, hipócrita endiosado y megalómano, haya alcanzado la riqueza, poder e influencia que en efecto tiene, lo que indica el nivel de putrefacción estructural de esta sociedad. Lo peor no es ni siquiera que los medios de comunicación, por lo general, mancillen su código deontológico para ignorar o tapar las corruptelas de este sujeto que si el país funcionase como es debido debiera estar en la cárcel y ser despojado de todos sus bienes, y que incluso nos lo intenten presentar como un prohombre modelo y exitoso empresario. Lo peor es que muchos de los perjudicados (que, repito, somos todos los contribuyentes) lo tienen como un ejemplo y le aplauden, lo adulan y defienden, lo apoyan sin atender a razones, simplemente por su filiación futbolística. Un tipo se introduce en su casa a robarle y mientras usted lo está viendo le ríe los chistes. Así nos va.
No hay comentarios:
Publicar un comentario